Declaración de la RIDDHH del 4 de junio de 2020
Acerca de los hechos de violencia institucional
La Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del CIN, repudia y llama la atención pública respecto a los sucesivos actos de violencia institucional perpetrados en los últimos días por diferentes fuerzas policiales de las administraciones provinciales de nuestro país .
Los hechos acontecidos en distintos lugares del país, vuelven a instalar la necesidad de profundizar una doctrina de seguridad democrática comprometida con los derechos humanos para todas las fuerzas policiales y de seguridad del país, así como la de adecuar una perspectiva preventiva para no caer en la reincidencia en un tipo de práctica que se ha “naturalizado”.
Este colectivo rechaza la violencia institucional y llama a la reflexión a quienes tienen en sus manos las principales responsabilidades de la organización social. Es necesario abrir un debate responsable, serio y profundo desde el gobierno nacional, que debe ser acompañado por diferentes actores de la sociedad civil, representantes de organizaciones sociales, profesionales de los medios de comunicación, miembros de los partidos políticos opositores y referentes académicos de la más diversa pluralidad.
El antecedente del “Acuerdo de Seguridad Democrático” del año 2009, trajo como consecuencia la necesidad de crear el Ministerio de Seguridad Nacional, hecho que quedó plasmado en el transcurso del tiempo y ha significado la posibilidad concreta de implementar políticas integrales y federales para dejar afuera este tipo de actos ilegales que ponen el riesgo la dignidad de las personas.
Esta doctrina debe estar acompañada de un plan nacional comprometido en la capacitación y formación, fundado en una perspectiva de derechos humanos, con lo cual efectivamente se avance en deconstruir prácticas discriminatorias que tienen entre sus principales víctimas a representantes de pueblos originarios, afrodescendientes y ciudadanas y ciudadanos que conviven con la miseria y la marginación. La universidad tiene que ser parte de esta propuesta.
Es necesario, entonces, pensar prácticas de seguridad democráticas que incluyan dar seguridad a la vida, la integridad y los derechos de esos colectivos populares en lugar de descuidarlos o verlos fundamentalmente como población peligrosa. La desaparición seguida de muerte del trabajador rural Luis Espinoza en Tucumán y la violencia represiva sufrida por una familia QOM (que se agrega a los innúmeros ataques a los diversos Pueblos Indígenas en el país);sumados a la vez a los hechos acontecidos en Santiago del Estero con las torturas esgrimidas en una comisaría y seguidas de muerte de Mauro Coronel; lo sucedido en San Luis en torno a la muerte de Magali Morales en la Comisaria de Santa Rosa y la del adolescente de tan sólo 16 años en la Comisaria del Menor de Villa Mercedes; el asesinato por funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense de Federico Rey en el contexto de las protesta en la cárcel de Florencio Varela ; y las personas privadas de su libertad gravemente heridas por las balas de plomo de dos funcionarios de seguridad en el marco de la protesta de la Cárcel de Devoto, y tantos otros crímenes en los diferentes territorios locales de Argentina, constituyen prácticas que no pueden dejarse pasar por alto.
Estos hechos tienen el sesgo de un accionar clasista, racista y de violencia de género, que reflejan un profundo desprecio por la dignidad humana y resultan absolutamente inadmisibles.
Los atropellos mencionados nos convocan a estar alertas y solidarios con las víctimas del accionar de fuerzas de seguridad que exceden en sus prácticas los marcos del orden legítimo. Exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos denunciados y el juicio y castigo que corresponde a los culpables para que NUNCA MAS actos de esta naturaleza queden impunes.
Comisión Ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos
Junio 2020