DECLARACIÓN

Paraná, Entre Ríos, Argentina | Viernes 14 de septiembre de 2018

En el marco del Centenario de la Reforma Universitaria pero, también, de un complejo contexto nacional y latinoamericano signado por la instrumentación de políticas neoliberales y conservadoras, la comunidad universitaria reunida en el Primer Encuentro Nacional “Derechos Humanos y Educación Superior”, reafirma su compromiso con la educación superior entendida como bien público y social, colectivo y estratégico para poder garantizar los derechos humanos de los pueblos.

En ese marco, las universidades y otras instituciones de educación reunidas en la ciudad de Paraná, inscribimos nuestras luchas, levantamos la voz, y sostenemos:

1

Los principios declarados en la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, especialmente en lo que refiere a la “Educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados”. Principio básico que se sostiene en la existencia de universidades públicas, gratuitas e inclusivas, que medien estrategias capaces de lograr el ingreso y permanencia de los y las estudiantes, en el marco del respeto a la libertad de pensamiento y la pluralidad cultural. Es compromiso del Estado garantizar este derecho financiando debidamente a las instituciones universitarias, remunerando con justicia a los/las docentes y trabajadores e implementando políticas de inclusión social.

Por ello, manifestamos nuestra más profunda preocupación por la crítica situación que atraviesa el sistema universitario y científico tecnológico nacional, signado por los recortes presupuestarios, el desfinanciamiento y el retroceso salarial, que pone en riesgo el desempeño y la vida institucional de nuestras casas de estudios.

2

La necesidad de consolidar un modelo de universidad público crítico y comprometido que, abandonando lógicas endogámicas, se disponga a contribuir en los procesos de transformación social. La universidad pública debe promover la des-colonización de los modelos educativos y culturales, la des-patriarcalización de sus prácticas y la desmercantilización de sus lógicas, incorporando enfoques extracéntricos, descoloniales, de género y con sentido humanista y ambiental en sus prácticas.

En una Universidad crítica y comprometida, las mujeres, las organizaciones sociales, las comunidades originarias y afrodescendientes, personas migrantes, los colectivos LGBTTTIQ, los y las mayores adultos, las personas privadas de su libertad, y todos aquellos sectores sociales históricamente excluidos, cumplen un rol preponderante y significativo.

3

El compromiso ineludible con la Democracia y la plena vigencia del Estado de Derecho, como garantía de respeto a los derechos humanos, sociales, políticos, económicos y culturales del pueblo. En ese sentido, el ajuste feroz que empobrece al país ha generado una situación crítica que amenaza la paz social y atenta contra el sentido de lo público, la igualdad y la justicia. Múltiples y graves casos de violencia institucional sobre sectores sociales vulnerables se reproducen en todo el país. Los actos represivos por parte de las fuerzas de seguridad ante los reclamos de trabajadores despedidos, docentes y pueblos originarios, nos alarman. Así como también la violación de las garantías procesales que dañan las reglas del debido proceso y producen detenciones arbitrarias como las de Milagro Sala, entre otras. Asimismo, el reciente caso de la docente Corina De Bonis, secuestrada y torturada, nos preocupa y moviliza en la lucha contra la impunidad y en el repudio de cualquier hecho de violencia.

4

La construcción de Memoria, como principio educativo y académico fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y socialmente comprometido. Frente al “negacionismo” promovido desde algunos sectores o el retorno de la “Teoría de los dos Demonios”, la Universidad debe seguir propiciando ámbitos de debate, educación y producción que abonen a la comprensión histórica de la realidad nacional y latinoamericana para, así, avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Medidas como el “2 x 1”, el estancamiento de los procesos de condena en los juicios de lesa humanidad tanto a ex-represores como a cómplices civiles, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, el desfinanciamiento de programas educativos y espacios de Memoria, nos preocupan. En especial, las universidades públicas rechazamos la implementación del Decreto DEFENSA NACIONAL 683/2018, emitido el 23 de julio del corriente año por el Ejecutivo Nacional, que reasigna, por primera vez desde el retorno democrático de 1983, a las FF.AA. competencias en Operaciones de Apoyo a la Seguridad Interior, es decir, en funciones de represión interna.

A cien años de la Reforma Universitaria de 1918, y por primera vez, las universidades públicas argentinas hemos confluido en un Encuentro Nacional de Derechos Humanos y Educación Superior en la ciudad de Paraná. Esto nos alienta y exhorta a continuar un camino de construcción democrática e inclusiva.

Tal como se concluyó en la CRES 2018, reafirmamos que “las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un papel preponderante en la promoción y el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y los atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región”.

Por lo expuesto, este Encuentro Nacional realizado en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, solicita a la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, su adhesión a esta declaración.

 

A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 10/12/2018

La Red Interuniversitaria de DDHH, en su compromiso ineludible con el Estado de Derecho, la Democracia como forma de gobierno del pueblo argentino y la garantía de los DDHH, manifiesta su profunda preocupación frente a la política de seguridad del gobierno nacional que habilita la intervención directa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior (Decreto 683/2018) y el uso abusivo y letal de las armas de fuego junto a la falta de control judicial sobre el accionar de las fuerzas de seguridad (Resolución 956/2018).

Uno de los desafíos de la reapertura democrática en 1983 fue la desarticulación de las Fuerzas Armadas como actor político y la redefinición del rol de los militares en el estado democrático. La continuidad del consenso básico en torno a la separación de las funciones entre defensa nacional y seguridad interior, fue uno de los rasgos sobresalientes que predominó hasta la actualidad y se sostuvo en las tres leyes sancionadas en períodos presidenciales de distinto signo político, la ley de Defensa Nacional en 1987, la ley de Seguridad Interior en 1992 y la ley de Inteligencia nacional en 2001.

Dicho consenso político-social fue reafirmado en 2006 a través del Decreto 727 del entonces presidente Néstor Kirchner, con la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional 23.554 sancionada en 1987 que estableció como función específica de las Fuerzas Armadas el rechazo o la disuasión de “agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s”. La actual reforma permite que las mismas actúen en “lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en Operaciones de Apoyo a la Seguridad Interior.”

Por primera vez desde el retorno democrático de 1983, las Fuerzas Armadas son re-establecidas en la función de represión interna. El acuerdo que había sido logrado socialmente y respetado por las fuerzas políticas de nuestro país por más de 35 años fue roto por el actual gobierno nacional, de manera inconsulta y antidemocrática.

Este retorno de las Fuerzas Armadas a tareas de Seguridad Interior nos retrotrae a períodos trágicos y dolorosos de nuestra historia nacional. Durante el terrorismo de Estado y en todos los casos en los que los militares se desempeñaron en dichas tareas, estableciendo como enemigos a sectores de nuestro propio pueblo y sociedad, se han cometido violaciones a los derechos humanos, cercenándose libertades y garantías constitucionales básicas.

Nos preocupa este viraje en la política de Estado cuando asistimos a un complejo contexto social, caracterizado por la crisis económica que afecta particularmente a los sectores populares, la ola de despidos y la falta de empleo, el sobre endeudamiento nacional agravados por el acuerdo con el FMI y el ajuste presupuestario del Estado que afecta directamente al sistema universitario público.

Nos alarma el aumento de la violencia institucional que provoca la muerte violenta de jóvenes en nuestro país, en casos vinculados a la represión y al “Gatillo Fácil”. La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado (28 años), y los asesinatos de Rafael Nahuel (22 años), Facundo Ferreira (12 años) e Ismael Ramírez (13 años), por mencionar sólo los casos de mayor repercusión social, ocurrieron en poco más de un año sin que el Estado asuma sus responsabilidades y obligaciones. Son esos jóvenes los que nuestras universidades quieren recibir en sus aulas, en sus bibliotecas y sus laboratorios, porque son parte de un país que necesita de su fuerza y vitalidad para forjar un futuro de desarrollo e inclusión.

La irrupción de la llamada “Doctrina Chocobar” y la reciente resolución que reglamenta el uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales provocó rápidamente la reacción pública de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y sindicales, alarmadas por el incremento de la violencia institucional y el amparo estatal ante ella. Esta medida extiende la posibilidad de hacer uso de la fuerza letal y la justifica en diversas situaciones. Esto se agrava en el marco de la derogación del Programa de uso de la Fuerza y el debilitamiento de los controles internos y judiciales, contrariando los estándares internacionales en la materia y la Ley de Seguridad Interior.

Este cambio de perspectiva nos exhorta a tomar posición al respecto en salvaguarda de los derechos esenciales del pueblo argentino. Fuerzas Armadas y fuerzas de Seguridad comprometidas, honestas, democráticas y formadas en la perspectiva de los Derechos Humanos son esenciales para el funcionamiento del Estado y la garantía de nuestros legítimos derechos soberanos sobre el territorio nacional y sus recursos.

Por todo ello, al conmemorarse 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 100 años de la Reforma Universitaria, proceso social y cultural que impulsó a las universidades a defender las banderas de la autonomía, la libertad de pensamiento y el compromiso con nuestro país y la causa latinoamericanista, la Red Interuniversitaria de DDHH expresa enérgicamente su preocupación frente a lo que concebimos un avasallamiento a los derechos humanos y las garantías constitucionales.

 

Red Interuniversitaria de DDHH

Pronunciamiento de Red Interuniversitaria de DDHH respecto al Decreto DEFENSA NACIONAL 683/2018, emitido el 23 de julio del corriente año.

La Red Interuniversitaria de DDHH, en su compromiso ineludible con el Estado de Derecho, la Democracia como forma de gobierno del pueblo argentino y la garantía de los DDHH, manifiesta su profunda preocupación frente al Decreto DEFENSA NACIONAL 683/2018, emitido el 23 de julio del corriente año, por parte del Ejecutivo Nacional.

Dicho decreta modifica el Decreto N° 727/2006, el cual establecía que “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s”, permitiendo ahora, además, que las mismas actúen en  “lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en Operaciones de Apoyo a la Seguridad Interior.” Es decir, por primera vez desde el retorno democrático de 1983, las Fuerzas Armadas son re-establecidas en la función de represión interna.

Tras la derrota en la Guerra de Malvinas, la implosión de la dictadura y la asunción del presidente Raúl Alfonsín a fines de 1983, la sociedad argentina decidió una salida democrática tras cincuenta y tres años de predominio militar en la política nacional. Uno de los desafíos de su gobierno constitucional fue la desarticulación de las Fuerzas Armadas como actor político por medio del ejercicio de la conducción de la política y de una redefinición del rol de los militares en el estado democrático. De este modo, la política de defensa y la política militar se orientaron a alcanzar la asunción del mando político sobre las Fuerzas Armadas.

La continuidad del consenso básico en torno a la separación de las funciones entre defensa externa y seguridad interior fue uno de los rasgos sobresalientes de la reapertura democrática, que se continuarían, hasta ahora, en los distintos gobiernos. El consenso se basó en tres leyes sancionadas en periodos presidenciales de distinto signo político, la ley de Defensa Nacional en 1987, la ley de Seguridad Interior en 1992 y la ley de Inteligencia nacional en 2001.

Como otro ejemplo del consenso político-social en la materia, en 2006, a través del Decreto 727 del entonces presidente Néstor Kirchner, se reglamentó Ley de Defensa Nacional 23.554 de 1987 (Gobierno de R. Alfonsín) que estableció como función específica de las Fuerzas Armadas el rechazo o la disuasión de agresiones de origen externo, concentrada en la defensa externa de la Nación.

Este consenso logrado socialmente y respetado por las fuerzas políticas de nuestro país por más de 35 años fue roto por el actual gobierno nacional, de manera inconsulta y antidemocrática.

Este retorno de las Fuerzas Armadas a tareas de Seguridad Interior nos retro-atrae a períodos complejos, violentos y dolorosos de nuestra historia nacional. En todos los casos en los que las Fuerzas Armadas se desempeñaron en tareas de Seguridad Interior, estableciendo como enemigos a sectores de nuestro propio pueblo y sociedad, se han cometido atropellos a los derechos humanos, individuales, sociales y políticos, cercenándose libertades y garantías constitucionales básicas que son el indicador mínimo de la vigencia del Estado de Derecho.

En este sentido, en todos aquellos períodos, la comunidad universitaria, científica y artística han sufrido represalias y avasallamientos de sus derechos de libertad de pensamiento y expresión. Tan sólo basta recordar las múltiples intervenciones universitarias donde autoridades y docentes fueron depuestos, o la trágica Noche de los Bastones Largos con su saldo de detenidos, exiliados y laboratorios destruidos, o la larga lista de presos políticos y detenidos desaparecidos del ámbito científico-académico-docente durante la última dictadura militar.

Nos preocupa, además, este viraje en la política de Estado respecto a las Fuerzas Armadas cuando asistimos a un complejo contexto social, caracterizado por la crisis económica de los sectores populares, la ola de despidos del sector público y privado, el sobre-endeudamiento nacional, el crítico momento que atraviesa nuestro sistema universitario público, el cierre del Ministerio de Salud, por mencionar sólo algunos elementos, y el aumento de la violencia institucional.

La muerte violenta de jóvenes en nuestro país, en casos vinculados a la represión de las Fuerzas o al “Gatillo Fácil”, nos alarma y duele. El caso Maldonado (28 años), el asesinato de Rafael Nahuel (22 años), el asesinato de Facundo Ferreira (12 años), el reciente asesinato de Ismael Ramírez (13 años), por mencionar los hechos que más resonaron mediáticamente, ocurrieron en poco más de un año sin un tratamiento correcto por parte del Estado. Son esos jóvenes los que nuestras universidades quieren recibir en sus aulas, en sus bibliotecas y sus laboratorios para hacerlos sentir necesarios en un país que necesita de su fuerza y de su vitalidad para forjar un futuro de desarrollo e inclusión.

La irrupción de la llamada “Doctrina Chocobar” rápidamente provocó la reacción pública de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y sindicales, alarmadas por el incremento de la violencia institucional y el amparo estatal ante ella. Ahora, este cambio de perspectiva en lo referente a la Seguridad Nacional nos exhorta a tomar posición al respecto en salvaguarda de los derechos esenciales del pueblo argentino. Fuerzas Armadas comprometidas, honestas, democráticas y formadas en la perspectiva de los Derechos Humanos son esenciales para el funcionamiento del Estado y la garantía de nuestros legítimos derechos soberanos sobre el territorio nacional y sus recursos.

Por todo ello, al conmemorarse 100 años de la Reforma Universitaria, proceso social y cultural que impulsó a las universidades a defender las banderas de la autonomía, la libertad de pensamiento y el compromiso con nuestro país y la causa latinoamericanista, la Red Interuniversitaria de DDHH expresa enérgicamente su preocupación frente a lo que concebimos un avasallamiento a los derechos humanos y las garantías constitucionales.