DOCUMENTO CONTRA LA DISCRIMINACION
La Asamblea de la Red Interuniversitaria de DDHH ha aprobado en su última sesión plenaria del día 25 de junio de 2020, la elaboración de un documento contra la discriminación, el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en nuestro país, así como el rol que, frente a estas prácticas, nuestras Universidades Públicas deben asumir, en orden a desnaturalizar y poner en tensión prácticas discriminatorias en el sistema universitario.
Cabe recordar que en un pronunciamiento anterior (Declaración del 04/06/2020), hemos alertado sobre la necesidad de revisar la violencia de la respuesta institucional de algunos estados provinciales, que bajo el argumento de la represión de conductas antijurídicas ocultan la represión de la diferencia y la otredad, y las manifestaciones contra hegemónicas que subyacen a las mismas.
Entendemos que las conductas represivas de las fuerzas de seguridad representan la última ratio de un racismo que en nuestra sociedad tiene carácter estructural, ya que impregna todas sus instituciones y se reproduce a través de ellas. Provoca nuestra reacción por la visibilidad y violencia con la que se manifiesta, pero pasa desapercibido en otras formas de violencia institucional, de carácter más simbólico y con frecuencia menos evidentes, como las que se ejercen en los sistemas e instituciones de salud, educación y justicia.
La desigualdad social y cultural existente alcanza su máxima expresión en las dificultades que experimentan las comunidades aborígenes que habitan nuestro país, para el acceso a los derechos más elementales. Desde la imposibilidad de mantener su lengua materna, así como a la falta de prevalencia de sus subsistemas comunitarios hasta la estigmatización de una cosmovisión que da sentido a su entorno cotidiano, tan imbricado desde lo social y lo natural.
La experiencia de conquista y colonización de nuestros pueblos americanos se realizó bajo un patrón de dominación basado en la idea de raza, a partir de la sub-valoración de la diferencia que sitúa a los pueblos conquistados en una posición “natural” de inferioridad y, en consecuencia, también involucra todo lo referido a sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y culturales.
Las secuelas de aquella conquista perduran hasta nuestros días. La mayoría de los estados americanos en su configuración decimonónica han reproducido este colonialismo hacia el interior de sus pueblos; de allí que la condición de subalternidad colonial de las comunidades indígenas se mantenga todavía en el universo simbólico con tanta fuerza aún después de la Declaración de nuestra Independencia.
Llamamos la atención sobre la existencia de desventajas históricamente acumuladas, mecanismos institucionales y algunas formas dominantes de sentido común, que continúan reproduciendo inequidades que, frecuentemente, resultan imperceptibles para otros sectores sociales.
Diversas formas de discriminación racial y xenofobia afectan también a personas y comunidades de pueblos gitanos, judíos y musulmanes, así como a inmigrantes de algunas nacionalidades en particular, con especificidades que varían entre países. La discriminación también suele dirigirse a personas y colectivos que deben vivir en situaciones socio-económicas muy desventajosas, y que son representados por los medios de comunicación hegemónicos como “pobres” que eligen y son responsables de sus destinos, arrastrando una historia de vida que esconde políticas excluyentes.
Instamos a todas las instituciones, en particular a aquellas que integran del sistema educativo, en todos sus niveles, a erradicar la discriminación, el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que se reproducen a través de prácticas y discursos. Llamamos a quienes trabajan en las mismas a valorar las diferencias, incrementando el respeto hacia las personas que las exteriorizan o representan, desalentado la exclusión, descalificación o desprecio de aquellas.
Propiciamos el proceso de enseñanza-aprendizaje como una práctica social compleja que promueve el desarrollo de la persona y sus derechos, a partir del reconocimiento de las diferencias y pautas culturales expresadas por los sujetos intervinientes. En ese marco se debe valorar positivamente la diversidad y la pluralidad de significados y sentidos que los sujetos aportan a tal proceso, enriqueciéndolo desde diferentes formas de leer y escribir la experiencia y el mundo.
La educación superior desempeña funciones sin precedentes en la sociedad, es un componente esencial del desarrollo cultural, social, económico y político, y un elemento clave para el fortalecimiento de las capacidades endógenas, la consolidación de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz, en un marco de justicia» y que entre sus objetivos se encuentra el de «Promover el respeto de los derechos humanos y su vigencia como eje de la convivencia democrática.»
Solicitamos, por último, la implementación de acciones tendientes a materializar las recomendaciones aprobadas en el marco de la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018)
“Las políticas y las instituciones de educación superior deben contribuir proactivamente a desmontar todos los mecanismos generadores de racismo, sexismo, xenofobia, y todas las formas de intolerancia y discriminación. Resulta imperativo que se garanticen los derechos de todos los grupos de población discriminados por raza, etnicidad, género, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, religión, nacionalidad y desplazamiento forzado.
Estos cambios deben asegurar la incorporación en las instituciones de educación superior de las cosmovisiones, valores, conocimientos, saberes, sistemas lingüísticos, formas de aprendizaje y modos de producción de conocimiento de dichos pueblos y grupos sociales.”
Es en base a todo lo hasta aquí señalado que la Red Interuniversitaria de DDHH del CIN encarna este eje de acción como meta de realización urgente y también sostiene que resulta “ineludible reconocer y valorar las epistemologías, modos de aprendizaje y diseños institucionales propios de pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas y otras socioculturalmente diferenciadas”. El Derecho a la Educación Superior se asienta en estos ejes y se enhebra así como horizonte de construcción colectiva en pos del reconocimiento, realización y ejercicio de la pluralidad, diversidad, igualdad y libertad, bases estructurantes para el desarrollo de una sociedad democrática integral.
Asamblea de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos 24 de junio 2020